Cuando hablamos del Bullying o acoso escolar en Venezuela, una de las primeras preguntas que nos hacemos es ¿Quién es el responsable de sancionar los hechos de acoso o violencia? ¿Cuáles son las instancias a las que puedo recurrir? Y muchas veces la respuesta natural es: La institución educativa donde ocurren los eventos.
Sin embargo, en una sociedad en donde hay una difusa aceptación del bullying que se escuda en el tradicional “chalequeo”, resulta indispensable entender cuál es el marco legal que defiende a nuestras familias de ser víctimas de un acosador.
Todo lo que debemos saber sobre el marco legal que defiende a nuestros niños, lo encontramos en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNA). Si bien no hace mención directa a ningún tipo de acoso o bullying, establece un marco de derechos, deberes y sanciones que pueden ser aplicadas por tribunales penales.
Lo que significa que sí se puede llegar a instancias legales cuando nuestros hijos son acosados por sus valores, principios, personalidad o conducta.
Dentro de las disposiciones en la Legislación Penal Venezolana, se consideran violaciones: La difamación, los delitos de género y los maltratos físicos, psicológicos y sociales ¿No es una forma de abordar el acoso?
Muchas veces, una de las criticas es la participación de terceros (También sancionables por nuestra legislación) y el rol que juegan las instituciones y los padres del bully o acosador. ¿Cuáles son nuestras opciones?
- Recurrir a la normativa interna de la institución educativa.
- La organización de la comunidad (Sociedad de padres) para demandar la solución al problema.
- La acción de un amparo constitucional (Al demostrarse la violación de los derechos del menor.
- La solicitud judicial ante la LOPNA para la implementación de medidas.
- La acción penal y demanda por daños y perjuicios.
Si bien las medidas judiciales y penales puedan parecer extremas es importante comenzar a sentar precedentes que permitan evitar la reiteración de conductas de abuso y acoso en nuestros colegios para asegurarnos de establecer un marco legal que tenga una postura mucho más contundente frente a estas acciones que atentan contra el sano desarrollo de nuestros niños.